Ollanta Humala y Oscar Valdez observan ley que amplía el reconocimiento del derecho a reparaciones de las víctimas de violencia sexual

¡Exigimos que el Congreso promulgue la norma sin mayor demora!

Ante la publicación del Oficio Nº 144-2012 suscrito por Ollanta Humala y Oscar Valdez, de fecha 25 de junio de 2012,  que observa la Autógrafa de la Ley que modifica la Ley 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR, expresamos nuestra preocupación por la posibilidad de que las víctimas de otras formas de violencia sexual, en particular las mujeres, continúen sin reconocimiento legal y sin derecho a reparaciones integrales.

El oficio refiere de forma imprecisa que la adecuación del Registro Único de Víctimas para incorporar como víctimas y beneficiaras a las personas o grupos de personas que hayan sufrido violencia sexual en sus diversas formas, implicaría una reapertura en la determinación e identificación de beneficiarias/os y un aumento de éstos, ocasionando un mayor gasto público.

El Registro Único de Víctimas tiene carácter permanente; aún continúa identificando a las personas afectadas por el conflicto armado interno, entre éstas, a las víctimas de violencia sexual. Al mes de abril, ha registrado un total de 2,248 víctimas de violación sexual y 796 víctimas de otras formas de violencia sexual, éstas últimas a la espera del reconocimiento legal de su derecho a acceder a reparaciones integrales, cuya implementación supone un gasto público progresivo.

Además, la observación sostiene que la autógrafa debe sustentarse en una evaluación presupuestal que demuestre disponibilidad de recursos para su aplicación, así como un análisis costo beneficio que muestre su impacto en el presupuesto público 2012. Finalmente, concluye que con esta aprobación se  afecta la norma constitucional que establece que el Congreso no posee iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo para su presupuesto.

Sin embargo, en el análisis costo-beneficio de la norma aprobada, el Congreso sostuvo que el proyecto no irrogaba nuevo gasto, del que ya ha sido aprobado por la Ley Integral de Reparaciones, cuyo presupuesto debe ser asignado progresivamente por el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Toda norma que reconoce derechos supone gasto público para garantizar su ejercicio, lo que depende del Poder Ejecutivo y la voluntad política de cumplir con ello.

Nos preocupa que detrás de esta observación, exista el temor de aquellos que no desean reconocer nuevos hechos violatorios de derechos humanos, aunque con esto se sacrifique el derecho a reparaciones, en el presente caso, de las víctimas, en su mayoría, mujeres campesinas, quechua hablantes y en situación de pobreza.

Exigimos que  el Congreso de la República promulgue la norma ante la imprecisión e invalidez de los argumentos del Ejecutivo, asegurando a las víctimas de otras formas de violencia sexual su derecho a reparaciones integrales.

En un Estado de Derecho donde el centro es la persona humana y el respeto a su dignidad, el presupuesto público tiene que estar al servicio de este fin supremo.

Lima, 28 de junio de 2012